UCO y UDEF: entre la eficacia técnica y el acoso político
Llevo años observando —y en más de una ocasión sufriendo— cómo se castiga en España a quienes hacen bien su trabajo, sobre todo si su trabajo incomoda al poder. Es el caso de dos unidades policiales clave en la lucha contra la corrupción: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Ambas han protagonizado investigaciones rigurosas que destaparon tramas como Gürtel, Malaya, Brugal o Púnica. No importa qué partido gobernara: sus pesquisas han tocado a unos y otros. Eso, en vez de consolidar su prestigio institucional, las ha convertido en blanco habitual de descrédito y presiones.
En los últimos meses, la situación ha llegado a niveles difícilmente asumibles en una democracia sana. La UCO investiga al entorno directo del presidente del Gobierno: su esposa, su hermano y el exministro Ábalos. También aparece, entre las piezas clave de ese engranaje, la figura de Leyre Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, acusada de maniobras opacas dentro del partido.
Ante eso, lejos de dejar trabajar a los investigadores, se activan los escudos. Campañas de intoxicación, filtraciones falsas, cuestionamientos institucionales. Incluso se llegó a acusar a un exagente de la UCO de haber planeado un atentado contra el presidente. La noticia fue desmentida casi de inmediato, incluso por medios públicos como RTVE, pero los ministros que lanzaron la acusación ni rectificaron ni pidieron disculpas.
A este clima tóxico se suma el papel —cada vez más comprometido— de la Fiscalía General del Estado, cuya dirección parece más cercana al Consejo de Ministros que al interés general. El fiscal general, designado directamente por el Gobierno, ha intervenido en varios casos para limitar la acción de fiscales incómodos, desactivando líneas de investigación que tocaban fibras sensibles.
Mientras tanto, la ciudadanía contempla con escepticismo cómo los casos se eternizan, se anulan por defectos formales o se cierran sin consecuencias. Lo más grave no es que haya corrupción, sino que la lucha contra ella se sabotee desde dentro. Lo más preocupante no es que algunos abusen del poder, sino que se persiga a quienes intentan ponerles freno.
La independencia operativa de la UCO y la UDEF no es una cuestión técnica. Es una línea roja que separa una democracia funcional de una en descomposición.
Ambas han protagonizado investigaciones rigurosas que destaparon tramas como Gürtel, Malaya, Brugal o Púnica. No importa qué partido gobernara: sus pesquisas han tocado a unos y otros. Eso, en vez de consolidar su prestigio institucional, las ha convertido en blanco habitual de descrédito y presiones.
En los últimos meses, la situación ha llegado a niveles difícilmente asumibles en una democracia sana. La UCO investiga al entorno directo del presidente del Gobierno: su esposa, su hermano y el exministro Ábalos. También aparece, entre las piezas clave de ese engranaje, la figura de Leyre Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, acusada de maniobras opacas dentro del partido.
Ante eso, lejos de dejar trabajar a los investigadores, se activan los escudos. Campañas de intoxicación, filtraciones falsas, cuestionamientos institucionales. Incluso se llegó a acusar a un exagente de la UCO de haber planeado un atentado contra el presidente. La noticia fue desmentida casi de inmediato, incluso por medios públicos como RTVE, pero los ministros que lanzaron la acusación ni rectificaron ni pidieron disculpas.
Mientras tanto, la ciudadanía contempla con escepticismo cómo los casos se eternizan, se anulan por defectos formales o se cierran sin consecuencias. Lo más grave no es que haya corrupción, sino que la lucha contra ella se sabotee desde dentro. Lo más preocupante no es que algunos abusen del poder, sino que se persiga a quienes intentan ponerles freno.
La independencia operativa de la UCO y la UDEF no es una cuestión técnica. Es una línea roja que separa una democracia funcional de una en descomposición.
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