ANGUSTIA

Populismo low cost: la propuesta de Yolanda Díaz de gobernar con “albañiles y limpiadoras”

La política no es un reality show: dirigir un país requiere preparación, no solo buenas intenciones.

La libertad de expresión es un derecho constitucional, tan respetable como cualquiera de los otros que recoge nuestra Carta Magna. Por eso, aquí estamos ejerciéndolo.

Hoy, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, nos dejó otra de sus perlas. Hablaba sobre el caso de Noelia Núñez, diputada del PP que mintió en su currículum y ha tenido que dimitir. Sobre esto, Díaz afirma: “Mentir no es correcto, pero el debate sobre tener licenciatura para trabajar en lo público es de clase y horrible”.

O sea, mentir está mal, sí… pero cuestionar si alguien sin formación debería dirigir lo público es un problema “de clase”. ¿En serio?

Por si no bastara, añadió: “Ha habido y hay magníficos diputados y diputadas, ministros y ministras. Me encantaría tener alguno que sea un albañil o una limpiadora”.

Aquí empieza la angustia

¿De verdad alguien cree que cualquier persona —por muy honesta que sea— está lista para dirigir un ministerio? ¿De qué va esto? ¿De gobernar o de montar un reality show? Porque la economía, la justicia o la sanidad no se gestionan con sonrisas y “buena gente”.

No se trata de menospreciar oficios. Todos son dignos. Pero dirigir un país no es lo mismo que poner ladrillos o barrer calles. Para eso se necesita conocimiento, criterio y preparación. Lo contrario es puro populismo low cost, el “todo vale” que convierte la política en un circo.

Pero claro, ahí está Yolanda, siempre sonriente, abrazando a todo el mundo como si eso fuera un plan de gobierno. Porque total, ¿qué podría salir mal? Si algún día llega a presidir el país —esa “izquierda progresista” que en realidad es comunismo con filtro de Instagram—, Venezuela será Disneylandia comparado con nosotros.

¡Esto va a ser un circo, y sin payasos!

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EXTRANJEROS. MANO DE OBRA ESENCIAL

La aportación de la mano de obra extranjera en España

España cuenta actualmente con 6,3 millones de extranjeros, lo que representa aproximadamente el 13% de la población total. Lejos de ser un grupo homogéneo, esta población diversa tiene una presencia muy significativa en el mercado laboral español. De hecho, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social superan los 3 millones, una cifra histórica que demuestra su peso en la economía del país.

Los datos del INE y de la Seguridad Social permiten identificar con precisión qué nacionalidades más aportan y en qué sectores. Encabezan la lista Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, China e Italia, seguidos por Ecuador y varios países africanos como Senegal o Malí.

Estos colectivos están especialmente concentrados en cuatro sectores:

1. Agricultura: Aquí, el peso de la inmigración es incuestionable. Marruecos y Senegal destacan por el volumen de trabajadores en el campo. Solo Marruecos aporta cerca de 80.000 personas, mientras que Senegal, con menos visibilidad mediática, supera los 18.000 trabajadores.
2. Industria y construcción: Rumanía, Marruecos e Italia son esenciales. Muchos oficios cualificados y no cualificados del sector dependen de esta mano de obra.
3. Servicios: Colombia, Venezuela y China lideran claramente. Desde hostelería hasta cuidados personales, su contribución es vital.
4. Autónomos: Más de 480.000 extranjeros trabajan por cuenta propia, según la Seguridad Social.

La realidad es que sin inmigración, sectores enteros como la agricultura intensiva, la restauración o la construcción sufrirían colapsos de personal. Además, son cotizantes netos: trabajan, consumen, alquilan, emprenden y pagan impuestos.

Pero no todo es positivo. La concentración en empleos precarios o estacionales, la infrarrepresentación en puestos cualificados y el riesgo de explotación laboral siguen siendo retos. La política migratoria debe dejar de ser reactiva o electoralista y apostar por una verdadera integración socioeconómica.

Negar el valor de la mano de obra extranjera es ignorar lo evidente: España no funciona sin inmigración. Lo que se necesita es una gestión responsable, transparente y justa.

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Etiquetas: inmigración en España, mercado laboral, economía, trabajadores extranjeros, sectores productivos, integración, política migratoria

UCO y UDEF

  

UCO y UDEF: entre la eficacia técnica y el acoso político

 

Llevo años observando —y en más de una ocasión sufriendo— cómo se castiga en España a quienes hacen bien su trabajo, sobre todo si su trabajo incomoda al poder. Es el caso de dos unidades policiales clave en la lucha contra la corrupción: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Ambas han protagonizado investigaciones rigurosas que destaparon tramas como Gürtel, Malaya, Brugal o Púnica. No importa qué partido gobernara: sus pesquisas han tocado a unos y otros. Eso, en vez de consolidar su prestigio institucional, las ha convertido en blanco habitual de descrédito y presiones.

En los últimos meses, la situación ha llegado a niveles difícilmente asumibles en una democracia sana. La UCO investiga al entorno directo del presidente del Gobierno: su esposa, su hermano y el exministro Ábalos. También aparece, entre las piezas clave de ese engranaje, la figura de Leyre Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, acusada de maniobras opacas dentro del partido.

Ante eso, lejos de dejar trabajar a los investigadores, se activan los escudos. Campañas de intoxicación, filtraciones falsas, cuestionamientos institucionales. Incluso se llegó a acusar a un exagente de la UCO de haber planeado un atentado contra el presidente. La noticia fue desmentida casi de inmediato, incluso por medios públicos como RTVE, pero los ministros que lanzaron la acusación ni rectificaron ni pidieron disculpas.
 
A este clima tóxico se suma el papel —cada vez más comprometido— de la Fiscalía General del Estado, cuya dirección parece más cercana al Consejo de Ministros que al interés general. El fiscal general, designado directamente por el Gobierno, ha intervenido en varios casos para limitar la acción de fiscales incómodos, desactivando líneas de investigación que tocaban fibras sensibles.

Mientras tanto, la ciudadanía contempla con escepticismo cómo los casos se eternizan, se anulan por defectos formales o se cierran sin consecuencias. Lo más grave no es que haya corrupción, sino que la lucha contra ella se sabotee desde dentro. Lo más preocupante no es que algunos abusen del poder, sino que se persiga a quienes intentan ponerles freno.

La independencia operativa de la UCO y la UDEF no es una cuestión técnica. Es una línea roja que separa una democracia funcional de una en descomposición.
 

XENOFOBIA

 

¿Quién comete los delitos en España? Un análisis incómodo pero necesario

 

Entre los años 2007 y 2014, cuando aún estaba en activo, hubo una cuestión que me llamaba la atención: la aparente sobrerrepresentación de extranjeros en las estadísticas de delincuencia. En la provincia de Alicante, donde el porcentaje de población extranjera es especialmente elevado, las cifras de detenidos parecían desproporcionadas en comparación con su peso demográfico. Pero al plantearlo, desde algunas instancias se me indicó que era un tema “tabú”, inadecuado para el debate público y que no debía usarse como excusa para explicar el incremento de la delincuencia.

Ahora, ya jubilado y desde la distancia que da el tiempo, sigo leyendo prensa, revisando informes oficiales, y los datos no solo confirman aquella impresión: la realidad sigue siendo la misma.

Según el último informe del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2024 se detuvo o investigó a 97.363 personas en España. De ellas, 32.051 eran extranjeras. Es decir, uno de cada tres detenidos o investigados no tiene nacionalidad española.

¿Y cuántos extranjeros viven en España? Según el INE, representan alrededor del 13% de la población total —unos 6,3 millones de personas sobre 48,6 millones—. La conclusión es aritmética: los extranjeros están sobrerrepresentados en las cifras de criminalidad.

 

El caso más llamativo es el de los ciudadanos marroquíes: suponen cerca del 2% de la población, pero representan aproximadamente el 7% de los detenidos. También están sobrerrepresentadas otras nacionalidades como rumanos, colombianos, argelinos y ecuatorianos.

Este fenómeno tampoco es ajeno a la provincia de Alicante. Según los datos oficiales de 2024, alrededor del 22–23% de los habitantes de Alicante son extranjeros, es decir, más de 450.000 personas sobre un total de casi dos millones. Esta proporción duplica el promedio nacional, y convierte a Alicante en una de las provincias con mayor concentración de población extranjera de toda España.

No se trata de construir teorías ideológicas, ni de alimentar discursos xenófobos. Se trata de reconocer una realidad que está respaldada por los datos oficiales. España lidera, según Eurostat, el ranking europeo en robos con violencia, doblando las tasas de Alemania o Italia. También en tráfico de drogas, buena parte de los detenidos no son nacionales.

Negar estas cifras no ayuda a nadie. La mayoría de los extranjeros viene a trabajar, a ganarse la vida con esfuerzo y a integrarse. Pero hay una concentración delictiva en determinados grupos, muchas veces relacionada con exclusión social, falta de arraigo, estructuras familiares rotas y juventud desocupada. Ocultarlo bajo el discurso del buenismo solo sirve para perpetuar el problema.

La solución no es expulsar masivamente ni señalar por origen. Pero tampoco es silenciar datos ni evitar el debate público. España necesita estadísticas claras, análisis sin filtros ideológicos y políticas basadas en realidades, no en titulares dulzones o miedo a ofender.

 

Colofón: la otra estadística que también incomoda

Este patrón de sobrerrepresentación también aparece en uno de los ámbitos más dolorosos: la violencia de género.

Según la Estadística de Violencia Doméstica y de Género del INE (2023), se dictaron 29.213 condenas por violencia de género. De ellas:

• 21.884 (75%) fueron contra agresores españoles,
• 7.329 (25%) contra agresores extranjeros.

Los países con más condenados extranjeros: Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El Consejo General del Poder Judicial, en su informe anual, confirma cifras similares. En 2023 se registraron:

• 193.477 denunciados por violencia de género,
• De nacionalidad española: 74,6%,
• De nacionalidad extranjera: 25,4%.

De nuevo, una sobrerrepresentación evidente: los extranjeros suponen el 13% de la población nacional, pero protagonizan una cuarta parte de las denuncias por violencia de género. En provincias como Alicante, donde la población extranjera alcanza el 23%, esta relación puede ser incluso más marcada.

Estos son datos, no diagnóstico.

El diagnóstico, que lo realicen los expertos.

Pero los datos están ahí. Silenciarlos no resuelve nada. Y maquillarlos, menos.

 

 

EXPULSAR 8 MILLONES DE INMIGRANTES

 Cuando leí la noticia en varios medios de difusión nacional —no recuerdo cuáles, pero me imagino de qué tendencia son— de que Abascal pretendía expulsar a más de ocho millones de extranjeros, me dije: ¡Este hombre está cada día más loco! ¡Como para que fuera presidente!

Hoy me encuentro con esta noticia:

“Abascal aclara ante la malinterpretación de la izquierda mediática, que Vox no quiere expulsar a millones de inmigrantes”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha salido al paso de la polémica generada por unas recientes declaraciones de su partido sobre inmigración. En respuesta a interpretaciones de medios críticos que afirmaban que Vox pretende deportar a ocho millones de inmigrantes, Abascal ha matizado que su formación solo propone expulsar a quienes hayan venido a delinquir, a imponer su religión, a vivir del esfuerzo ajeno, a maltratar a mujeres o a menores no acompañados, quienes deben ser devueltos con sus padres.

Según Abascal, Vox no ha proporcionado una cifra concreta de inmigrantes que serían deportados, y recalca que solo al llegar al Gobierno podrían determinar cuántos incumplen esos criterios. Subrayó que esa medida también beneficiaría a los inmigrantes legales que respetan las normas y se han integrado.

La controversia estalló tras unas declaraciones de la diputada Rocío de Meer, quien advirtió que cerca de ocho millones de personas de origen extranjero viven en España, muchas de ellas llegadas en un corto periodo de tiempo, dificultando —según ella— su integración y generando problemas de inseguridad. De Meer propuso procesos de “remigración” para quienes no se han adaptado a las costumbres españolas.

Este discurso fue reforzado por otros portavoces de Vox, como Samuel Vázquez y José Antonio Fúster, que vincularon directamente el aumento de delitos violentos con la inmigración ilegal y criticaron las políticas migratorias del bipartidismo (PP y PSOE). Pusieron como ejemplo recientes crímenes cometidos por inmigrantes ilegales y denunciaron el desbordamiento de centros como el de Alcalá de Henares, que alberga a 1.800 personas pese a estar diseñado para 300.

Vázquez esbozó tres condiciones para residir en España: entrada legal, cumplimiento de las leyes e integración en la cultura del país. Señaló que, dado el volumen y características de la inmigración reciente, solo existen dos alternativas: una “mala”, que sería seguir el modelo francés, o una “menos mala”, basada en repatriaciones masivas.

De Meer añadió que, según proyecciones demográficas, en 2044 podría haber más población de origen extranjero que española, y reclamó el derecho a preservar la identidad cultural y demográfica del país. Anunció, además, que Vox celebrará en noviembre una nueva edición del foro Frontera Sur para abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva crítica.

Según estas aclaraciones por diversos integrantes del partido Vox de Abascal, la cuestión ha sido una interpretación —como siempre, sesgada— de quienes promueven eso del “cordón sanitario”, de quienes dicen: “no gobierne la derecha”, “no queremos gobiernos como los de Milei, Meloni, Orbán, Macron, Trump… queremos gobiernos con gente como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Putin, Maduro, Lula da Silva, gobiernos progresistas”.

Fuente: ABC – Natalia Cristóbal, 07/07/2025

 

SÁNCHEZ Y SUS ELEGIDOS

Cuando dar un paso al lado es lo mínimo exigible

En junio de 2018, Pedro Sánchez derribó al Gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura basada en una exigencia: asumir la responsabilidad política ante la corrupción. “No basta con pedir perdón”, dijo entonces desde la tribuna del Congreso. Hoy, siete años después, esas mismas palabras pesan como una losa sobre su propia figura.

Los escándalos que rodean al entorno de Sánchez no son incidentes aislados ni errores fortuitos. José Luis Ábalos, su ministro y secretario de Organización, está acusado en el caso Koldo de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Santos Cerdán, su sucesor orgánico, está en prisión preventiva por liderar una red de comisiones ilegales. Francisco Salazar, su asesor más personal, fue apartado tras revelarse su implicación en posibles casos de acoso sexual, justo antes de asumir un nuevo cargo en la cúpula del PSOE.

Estos tres hombres no eran figuras de segundo plano. Eran su círculo íntimo, seleccionados, promovidos y protegidos por él. Pero no acaba ahí. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por tráfico de influencias; su hermano, David Sánchez, por prevaricación; y el Fiscal General del Estado, por revelación de secretos en un caso con connotaciones políticas.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ha respondido con un perdón público, anuncios de más controles internos y la promesa de “seguir adelante”. Sin embargo, eso ya no es suficiente. De hecho, eso es exactamente lo que él mismo reprochó a Rajoy: mirar hacia otro lado, minimizar la gravedad y no asumir consecuencias.

Un paso al lado: lo mínimo exigible

La magnitud de los casos y su cercanía al presidente del Gobierno imponen una respuesta de otro nivel. Sánchez no puede seguir gobernando como si nada, sin erosionar la credibilidad institucional ni el legado que decía construir. Si en 2018 la corrupción de un tesorero justificaba un cambio de Gobierno, hoy la corrupción de dos secretarios de Organización, un ministro, y la investigación judicial de su entorno familiar y del fiscal general hacen ineludible una salida digna.

Lo primero que debería hacer Pedro Sánchez es dimitir.

Una retirada voluntaria  permitiría que el PSOE eligiera un nuevo liderazgo con legitimidad renovada. Solo entonces se podría emprender una auditoría interna real, adoptar medidas de regeneración democrática y exigir responsabilidades políticas y procesales sin sombra de protección o cálculo personalista.

Insistir en continuar al frente, alegando “traición de personas cercanas”, no es liderazgo: es negación de la realidad. Y eso, viniendo de quien exigió a otros “dignidad política”, se convierte en una forma intolerable de cinismo.

Pedro Sánchez debe marcharse. Porque como él mismo proclamó entonces, ante la corrupción: “No basta con pedir perdón. Hace falta responsabilidad.

EL PP SE DILUYE

 

 

Me he quedado estupefacto, como el autor del artículo titulado «Ni de derechas, ni de izquierdas. ¿En serio, Alberto?», publicado el 3 de julio de 2025 en EL DEBATE. En él se lanza una crítica frontal a la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, , tras su afirmación de que el proyecto que presenta para España ya no distingue entre izquierdas y derechas, apostando por un enfoque “transversal” y “de centralidad”.

Coincido en que esta declaración no solo constituye un error estratégico, sino también una renuncia ideológica que deja huérfanos a millones de votantes de centroderecha.

La crítica surge del impacto causado por las palabras de Feijóo durante una entrevista televisiva, en la que expresó su intención de liderar un proyecto similar al de Felipe González en 1982 o al de José María Aznar en 1996. La reacción del autor, y de muchos afines ideológicamente al PP, ha sido de decepción, incluso de consternación. Totalmente de acuerdo. Algunos comentarios recogidos califican esta postura de “lamentable” o “alucinante”. Uno de ellos advierte que, si no existe una derecha reconocible, la socialdemocracia será el único horizonte político posible.

Esta estrategia recuerda a la de Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, quien también intentó posicionarse como una fuerza de centro sin adscripción ideológica clara, y cuyo partido acabó desapareciendo del mapa político. Además, sorprende que Feijóo tome como referente a Felipe González, a quien muchos responsabilizan de haber instaurado un modelo socialdemócrata plagado de vicios: corrupción, desempleo y deterioro institucional.

El artículo contrasta los valores tradicionales de la derecha —libertad individual, baja fiscalidad, defensa de la iniciativa privada, esfuerzo personal y defensa de la vida— con los que se atribuyen a la izquierda —intervencionismo estatal, fiscalidad elevada, subsidios, ingeniería social y revisión sectaria del pasado histórico—. El autor sostiene que el PP debería posicionarse claramente en uno de estos polos y no pretender abarcar ambos sin un compromiso ideológico definido.

Se enfatiza que Feijóo, al declararse “transversal”, parece renunciar a la batalla de las ideas que, desde hace más de un siglo, enfrenta al socialismo y comunismo, con el liberalismo y el conservadurismo. En su opinión, la política no puede reducirse a un “centro” sin principios claros ni valores propios, especialmente en un contexto donde la izquierda y ultraizquierda española promueve una visión guerracivilista de la historia, pacta con el separatismo, debilita la enseñanza del español, desprecia la educación basada en el mérito y promueve una ideología radical en torno al género y la vida.

El texto concluye con una crítica directa a lo que el autor considera el gran error del marianismo: la renuncia a confrontar el relato ideológico de la izquierda en nombre de una supuesta estabilidad, que no logró frenar el avance del “sanchismo”. Según el autor, esa falta de ambición ideológica permitió siete años de Pedro Sánchez en el poder y un profundo deterioro institucional. Su apelación es clara: si el PP quiere ser una alternativa real, no puede esconder su ideología ni disfrazarse de partido sin alma. Feijóo debe tomar partido en la contienda de ideas y no refugiarse en una falsa neutralidad que, en última instancia, favorece al adversario.
El artículo denuncia que la proclamada “transversalidad” del PP bajo Feijóo no es más que una claudicación ideológica disfrazada de centrismo, y un abandono de los principios conservadores y liberales que han representado históricamente a una parte fundamental de su electorado.

En lo personal, como también lo señala el autor, no veo a Feijóo como el líder adecuado para ser alternativa a Sánchez. Puede que gane las próximas elecciones, pero será apenas un parche temporal, hasta que surja alguien con convicciones firmes que deshaga el daño causado por una izquierda procomunista disfrazada de progresismo durante estos últimos años en España.