LA PERSECUCION A SANCHEZ

Reflexión

El PSOE, sus ministros y el propio presidente Pedro Sánchez sostienen con firmeza que lo que ocurre en España es una persecución judicial. Sin embargo, surge la pregunta inevitable: en Europa, ¿quién le persigue y quién le defiende? El pleno de Estrasburgo ha dejado claro que las acusaciones no llegan solo desde la oposición española, sino también desde voces influyentes de la Eurocámara.

El dardo de Tomas Tobé en Estrasburgo y el silencio del socialismo europeo

Pleno del Parlamento Europeo · Estrasburgo · 18 de junio de 2025

El pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vivió una intervención de alto voltaje político. El eurodiputado sueco Tomas Tobé (Partido Popular Europeo) señaló que España atraviesa un problema “grave” con el Estado de derecho, aludiendo a “corrupción, abuso de poder y debilitamiento de las instituciones”. Su remate —“Señor, la fiesta is over”— elevó el tono del debate y puso el foco europeo sobre La Moncloa.

La acusación central

Tobé defendió que “nadie está por encima de la ley” y comparó estándares: en su país, afirmó, una situación similar conduciría a la dimisión del primer ministro y a la convocatoria de elecciones. Reclamó, además, que “esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio” ante lo que sucede en España.

Sin desmentidos ni defensa explícita

Hasta la fecha, ni Pedro Sánchez ni el grupo socialista europeo han desmentido las afirmaciones del eurodiputado ni han articulado una defensa pública nítida del presidente del Gobierno ante estas acusaciones formuladas en el hemiciclo. Ese silencio estratégico deja el relato en manos de la oposición europea, que gana espacio  político tras una intervención tan contundente.

Ecos en la Eurocámara

La líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, respaldó el diagnóstico de Tobé y calificó de “inaceptable” un escándalo de corrupción que, a su juicio, alcanza al presidente, su entorno, el partido y el Gobierno. También denunció ataques a la prensa, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la judicatura que investiga los casos.

Dimensión institucional

Más allá de la pugna partidista, el mensaje de Tobé interpela a las instituciones de la UE: si la Comisión y el Parlamento trasladan el asunto a los mecanismos de seguimiento del Estado de derecho, el debate podría escalar. Por ahora, la ausencia de réplica socialista amplifica el alcance de una intervención que ya circula como referencia de este curso político europeo.

“El pueblo de España merece más que una disculpa. Merece un compromiso serio para erradicar la corrupción —en los más altos niveles del gobierno— y una rendición de cuentas real.”
— Tomas Tobé, en el pleno del Parlamento Europeo (Estrasburgo)

🔗 Fuente: Un eurodiputado sueco pide la dimisión de Sánchez en Estrasburgo: “Señor, la fiesta is over”

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OPOSICION VS. GOBIERNO

 

El doble rasero y su catadura moral y política

“La coherencia no se mide por el cargo, sino por mantener el mismo criterio cuando te conviene y cuando no.”

El doble rasero es un patrón estable en la vida pública: lo que se exige desde la oposición se relativiza al llegar al poder. Esto no solo es táctica: tiene catadura moral (coherencia personal) y catadura política (calidad institucional). A continuación, se analizan cuatro dimensiones —incoherencia, oportunismo, déficit ético y normalización del cinismo— y se ilustran con comparativas de líderes recientes.

1) Incoherencia

Decir una cosa en la oposición y sostener la contraria en el Gobierno mina la credibilidad y proyecta que las convicciones dependen del asiento.

2) Oportunismo político

La lógica del poder empuja a deslegitimar al adversario cuando se está fuera y a justificar cualquier decisión cuando se gobierna. Visto desde fuera, se percibe como puro oportunismo y erosiona la confianza en la palabra pública.

3) Déficit ético

La incoherencia repetida revela un déficit de principios: se critican prácticas en otros que luego se aceptan si benefician. Es una base frágil para el liderazgo.

4) Normalización del cinismo

La repetición del doble rasero instala la idea de que “todos hacen lo mismo”, alimentando abstención y descrédito institucional.

Comparativa de incoherencias en presidentes españoles

José María Aznar (PP)

• Oposición (años 90): denuncias del “reparto” político en CGPJ/TC y defensa de “despolitizar la justicia”.
• Gobierno (1996–2004): pactos de cuotas y bloqueos en renovaciones, práctica luego repetida por distintos gobiernos y oposiciones a lo largo de décadas.

Contexto: la dinámica de bloqueos/repactos del CGPJ ha sido bidireccional entre PP y PSOE (1996, 2001, 2008, y la parálisis más larga en la última década).

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)

• Oposición (2000–2004): “No a la guerra” (Irak) y discurso pacifista.
• Gobierno (2004–2011): retirada de Irak, pero mantenimiento/ampliación de despliegues en Afganistán (ISAF) y envío de tropas a Líbano (UNIFIL) con autorización del Congreso (hasta 1.100 militares en 2006).

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Mariano Rajoy (PP)

• Oposición (2004–2011): promesa de no subir impuestos.
• Gobierno (2011–2018): al inicio, subidas relevantes (IRPF, IVA y especiales) por la crisis y el déficit; medidas plasmadas en normativa como el RDL 20/2012, con balance de aumentos netos en 2012 y años siguientes.

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Pedro Sánchez (PSOE)

• Oposición (2017): defendió que un Gobierno sin Presupuestos debía someterse a cuestión de confianza.
• Gobierno (2025): asegura que presentará Presupuestos, pero que seguirá gobernando aunque se los tumben; enfatiza que las cuentas son un “instrumento”.
• Además: criticó el abuso del decreto-ley en la oposición y recurre a él como única manera de Gobierno.

Resumen práctico

Patrón	Idea clave	Ejemplo
Incoherencia	Exigir fuera, relativizar dentro	Presupuestos/Confianza (Sánchez 2017 vs. 2025)
Oportunismo	Discurso según convenga	CGPJ: reproches y luego reparto/bloqueos (Aznar y otros)
Pragmatismo contradictorio	Ideales vs. despliegues	Zapatero: Afganistán y Líbano
Justificación económica	Crisis como razón de giro	Rajoy: IRPF/IVA (2012)

Antídotos cívicos (mínimos)

• Estándares simétricos: exigir lo mismo a Gobierno y oposición, sin excusas coyunturales.
• Rendición de cuentas: hemeroteca y control parlamentario efectivos, con consecuencias políticas reales.
• Transparencia y datos: justificar giros con evidencias (impacto fiscal, seguridad, gobernabilidad), no con slogans.
• Reforma institucional: reglas anti-bloqueo (renovaciones automáticas, mayorías escalonadas) para reducir el incentivo al doble rasero.
• Autocrítica ciudadana: no premiar el “vale todo” en las urnas.

El doble rasero es rentable a corto plazo, pero a largo destruye confianza y vacía la democracia de contenido.

Reflexión final

La catadura moral de un dirigente se mide en la coherencia cuando el poder aprieta. La catadura política se mide en si sus decisiones fortalecen —o erosionan— las instituciones. En ambos frentes, el doble rasero sale caro: mantiene a algunos en el cargo, pero degrada la calidad democrática de todos.

Etiquetas: doble rasero oposición y gobierno catadura moral coherencia política confianza institucional democracia

AUTARQUÍA.SOLAMENTE DE FRANCO?

 

Las sanciones que matan de hambre son guerras con otro uniforme

La autarquía se presenta como un modelo de autosuficiencia nacional, pero en la práctica ningún régimen que la adopta sobrevive aislado de manera absoluta. El patrón común combina autoritarismo, aislamiento internacional y control económico interno, con un cuarto elemento clave: la tolerancia o apoyo de potencias ideológicamente afines que suavizan la crítica y proporcionan recursos estratégicos.

Tras la Guerra Civil, el régimen de Franco adoptó la autarquía como única salida ante el aislamiento internacional. La economía española quedó cerrada al exterior, con racionamiento, mercado negro y atraso industrial. Esta estrategia, además de responder a una convicción ideológica nacionalista, fue consecuencia de la exclusión de España del Plan Marshall y de las sanciones diplomáticas.

 España fue excluida del Plan Marshall y sufrió sanciones diplomáticas. Franco buscó apoyos en Argentina, comercio con Portugal y, más tarde, el pacto con Estados Unidos en 1953, cuando la Guerra Fría convirtió a España en un aliado útil frente al comunismo. La autarquía fue, en realidad, un período transitorio sostenido por relaciones discretas hasta que llegó el reconocimiento internacional.

Este patrón se repite en otros contextos. Cuba, tras el embargo estadounidense, proclamó la autosuficiencia agrícola y el control total de la economía, pero dependió de los subsidios soviéticos durante tres décadas. Con el colapso de la URSS, entró en el “Período Especial” de hambre y carencias, hasta recibir apoyo de Venezuela e inversiones externas. Corea del Norte, con el ideario “Juche”, predica autosuficiencia pero sobrevive gracias a la ayuda de China, que le suministra energía y alimentos para evitar un colapso que afecte su frontera.

En Venezuela, Hugo Chávez no apostó por la autarquía clásica, sino por un modelo rentista nacionalista. Sin embargo, las sanciones internacionales bajo Maduro cerraron la economía y controlaron importaciones, con dependencia del petróleo y apoyo de Rusia, China e Irán. Incluso Rusia, tras las sanciones por Ucrania, impulsa una “autarquía parcial” sustituyendo importaciones y controlando divisas, aunque mantiene comercio con Asia.

El elemento común es evidente: ninguna autarquía es completamente autónoma. Todas dependen de redes ideológicas o pragmáticas que, por afinidad política o interés estratégico, les ofrecen respaldo. Las potencias afines minimizan las críticas, utilizan la relación para fines propagandísticos y obtienen beneficios económicos o geopolíticos.

En definitiva, el mito de la autosuficiencia absoluta encubre una realidad: la supervivencia de estos regímenes no depende solo del control interno, sino de la complicidad externa que, bajo bandera ideológica, legitima y prolonga su existencia.

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Etiquetas: autarquía, historia contemporánea, economía política, Franco, Guerra Fría, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, sanciones internacionales

ANGUSTIA

Populismo low cost: la propuesta de Yolanda Díaz de gobernar con “albañiles y limpiadoras”

La política no es un reality show: dirigir un país requiere preparación, no solo buenas intenciones.

La libertad de expresión es un derecho constitucional, tan respetable como cualquiera de los otros que recoge nuestra Carta Magna. Por eso, aquí estamos ejerciéndolo.

Hoy, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, nos dejó otra de sus perlas. Hablaba sobre el caso de Noelia Núñez, diputada del PP que mintió en su currículum y ha tenido que dimitir. Sobre esto, Díaz afirma: “Mentir no es correcto, pero el debate sobre tener licenciatura para trabajar en lo público es de clase y horrible”.

O sea, mentir está mal, sí… pero cuestionar si alguien sin formación debería dirigir lo público es un problema “de clase”. ¿En serio?

Por si no bastara, añadió: “Ha habido y hay magníficos diputados y diputadas, ministros y ministras. Me encantaría tener alguno que sea un albañil o una limpiadora”.

Aquí empieza la angustia

¿De verdad alguien cree que cualquier persona —por muy honesta que sea— está lista para dirigir un ministerio? ¿De qué va esto? ¿De gobernar o de montar un reality show? Porque la economía, la justicia o la sanidad no se gestionan con sonrisas y “buena gente”.

No se trata de menospreciar oficios. Todos son dignos. Pero dirigir un país no es lo mismo que poner ladrillos o barrer calles. Para eso se necesita conocimiento, criterio y preparación. Lo contrario es puro populismo low cost, el “todo vale” que convierte la política en un circo.

Pero claro, ahí está Yolanda, siempre sonriente, abrazando a todo el mundo como si eso fuera un plan de gobierno. Porque total, ¿qué podría salir mal? Si algún día llega a presidir el país —esa “izquierda progresista” que en realidad es comunismo con filtro de Instagram—, Venezuela será Disneylandia comparado con nosotros.

¡Esto va a ser un circo, y sin payasos!

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Etiquetas: política española, Yolanda Díaz, populismo, formación política, opinión política, España actual, cargos públicos

EXTRANJEROS. MANO DE OBRA ESENCIAL

La aportación de la mano de obra extranjera en España

España cuenta actualmente con 6,3 millones de extranjeros, lo que representa aproximadamente el 13% de la población total. Lejos de ser un grupo homogéneo, esta población diversa tiene una presencia muy significativa en el mercado laboral español. De hecho, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social superan los 3 millones, una cifra histórica que demuestra su peso en la economía del país.

Los datos del INE y de la Seguridad Social permiten identificar con precisión qué nacionalidades más aportan y en qué sectores. Encabezan la lista Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, China e Italia, seguidos por Ecuador y varios países africanos como Senegal o Malí.

Estos colectivos están especialmente concentrados en cuatro sectores:

1. Agricultura: Aquí, el peso de la inmigración es incuestionable. Marruecos y Senegal destacan por el volumen de trabajadores en el campo. Solo Marruecos aporta cerca de 80.000 personas, mientras que Senegal, con menos visibilidad mediática, supera los 18.000 trabajadores.
2. Industria y construcción: Rumanía, Marruecos e Italia son esenciales. Muchos oficios cualificados y no cualificados del sector dependen de esta mano de obra.
3. Servicios: Colombia, Venezuela y China lideran claramente. Desde hostelería hasta cuidados personales, su contribución es vital.
4. Autónomos: Más de 480.000 extranjeros trabajan por cuenta propia, según la Seguridad Social.

La realidad es que sin inmigración, sectores enteros como la agricultura intensiva, la restauración o la construcción sufrirían colapsos de personal. Además, son cotizantes netos: trabajan, consumen, alquilan, emprenden y pagan impuestos.

Pero no todo es positivo. La concentración en empleos precarios o estacionales, la infrarrepresentación en puestos cualificados y el riesgo de explotación laboral siguen siendo retos. La política migratoria debe dejar de ser reactiva o electoralista y apostar por una verdadera integración socioeconómica.

Negar el valor de la mano de obra extranjera es ignorar lo evidente: España no funciona sin inmigración. Lo que se necesita es una gestión responsable, transparente y justa.

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Etiquetas: inmigración en España, mercado laboral, economía, trabajadores extranjeros, sectores productivos, integración, política migratoria

UCO y UDEF

  

UCO y UDEF: entre la eficacia técnica y el acoso político

 

Llevo años observando —y en más de una ocasión sufriendo— cómo se castiga en España a quienes hacen bien su trabajo, sobre todo si su trabajo incomoda al poder. Es el caso de dos unidades policiales clave en la lucha contra la corrupción: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Ambas han protagonizado investigaciones rigurosas que destaparon tramas como Gürtel, Malaya, Brugal o Púnica. No importa qué partido gobernara: sus pesquisas han tocado a unos y otros. Eso, en vez de consolidar su prestigio institucional, las ha convertido en blanco habitual de descrédito y presiones.

En los últimos meses, la situación ha llegado a niveles difícilmente asumibles en una democracia sana. La UCO investiga al entorno directo del presidente del Gobierno: su esposa, su hermano y el exministro Ábalos. También aparece, entre las piezas clave de ese engranaje, la figura de Leyre Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, acusada de maniobras opacas dentro del partido.

Ante eso, lejos de dejar trabajar a los investigadores, se activan los escudos. Campañas de intoxicación, filtraciones falsas, cuestionamientos institucionales. Incluso se llegó a acusar a un exagente de la UCO de haber planeado un atentado contra el presidente. La noticia fue desmentida casi de inmediato, incluso por medios públicos como RTVE, pero los ministros que lanzaron la acusación ni rectificaron ni pidieron disculpas.
 
A este clima tóxico se suma el papel —cada vez más comprometido— de la Fiscalía General del Estado, cuya dirección parece más cercana al Consejo de Ministros que al interés general. El fiscal general, designado directamente por el Gobierno, ha intervenido en varios casos para limitar la acción de fiscales incómodos, desactivando líneas de investigación que tocaban fibras sensibles.

Mientras tanto, la ciudadanía contempla con escepticismo cómo los casos se eternizan, se anulan por defectos formales o se cierran sin consecuencias. Lo más grave no es que haya corrupción, sino que la lucha contra ella se sabotee desde dentro. Lo más preocupante no es que algunos abusen del poder, sino que se persiga a quienes intentan ponerles freno.

La independencia operativa de la UCO y la UDEF no es una cuestión técnica. Es una línea roja que separa una democracia funcional de una en descomposición.
 

XENOFOBIA

 

¿Quién comete los delitos en España? Un análisis incómodo pero necesario

 

Entre los años 2007 y 2014, cuando aún estaba en activo, hubo una cuestión que me llamaba la atención: la aparente sobrerrepresentación de extranjeros en las estadísticas de delincuencia. En la provincia de Alicante, donde el porcentaje de población extranjera es especialmente elevado, las cifras de detenidos parecían desproporcionadas en comparación con su peso demográfico. Pero al plantearlo, desde algunas instancias se me indicó que era un tema “tabú”, inadecuado para el debate público y que no debía usarse como excusa para explicar el incremento de la delincuencia.

Ahora, ya jubilado y desde la distancia que da el tiempo, sigo leyendo prensa, revisando informes oficiales, y los datos no solo confirman aquella impresión: la realidad sigue siendo la misma.

Según el último informe del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2024 se detuvo o investigó a 97.363 personas en España. De ellas, 32.051 eran extranjeras. Es decir, uno de cada tres detenidos o investigados no tiene nacionalidad española.

¿Y cuántos extranjeros viven en España? Según el INE, representan alrededor del 13% de la población total —unos 6,3 millones de personas sobre 48,6 millones—. La conclusión es aritmética: los extranjeros están sobrerrepresentados en las cifras de criminalidad.

 

El caso más llamativo es el de los ciudadanos marroquíes: suponen cerca del 2% de la población, pero representan aproximadamente el 7% de los detenidos. También están sobrerrepresentadas otras nacionalidades como rumanos, colombianos, argelinos y ecuatorianos.

Este fenómeno tampoco es ajeno a la provincia de Alicante. Según los datos oficiales de 2024, alrededor del 22–23% de los habitantes de Alicante son extranjeros, es decir, más de 450.000 personas sobre un total de casi dos millones. Esta proporción duplica el promedio nacional, y convierte a Alicante en una de las provincias con mayor concentración de población extranjera de toda España.

No se trata de construir teorías ideológicas, ni de alimentar discursos xenófobos. Se trata de reconocer una realidad que está respaldada por los datos oficiales. España lidera, según Eurostat, el ranking europeo en robos con violencia, doblando las tasas de Alemania o Italia. También en tráfico de drogas, buena parte de los detenidos no son nacionales.

Negar estas cifras no ayuda a nadie. La mayoría de los extranjeros viene a trabajar, a ganarse la vida con esfuerzo y a integrarse. Pero hay una concentración delictiva en determinados grupos, muchas veces relacionada con exclusión social, falta de arraigo, estructuras familiares rotas y juventud desocupada. Ocultarlo bajo el discurso del buenismo solo sirve para perpetuar el problema.

La solución no es expulsar masivamente ni señalar por origen. Pero tampoco es silenciar datos ni evitar el debate público. España necesita estadísticas claras, análisis sin filtros ideológicos y políticas basadas en realidades, no en titulares dulzones o miedo a ofender.

 

Colofón: la otra estadística que también incomoda

Este patrón de sobrerrepresentación también aparece en uno de los ámbitos más dolorosos: la violencia de género.

Según la Estadística de Violencia Doméstica y de Género del INE (2023), se dictaron 29.213 condenas por violencia de género. De ellas:

• 21.884 (75%) fueron contra agresores españoles,
• 7.329 (25%) contra agresores extranjeros.

Los países con más condenados extranjeros: Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El Consejo General del Poder Judicial, en su informe anual, confirma cifras similares. En 2023 se registraron:

• 193.477 denunciados por violencia de género,
• De nacionalidad española: 74,6%,
• De nacionalidad extranjera: 25,4%.

De nuevo, una sobrerrepresentación evidente: los extranjeros suponen el 13% de la población nacional, pero protagonizan una cuarta parte de las denuncias por violencia de género. En provincias como Alicante, donde la población extranjera alcanza el 23%, esta relación puede ser incluso más marcada.

Estos son datos, no diagnóstico.

El diagnóstico, que lo realicen los expertos.

Pero los datos están ahí. Silenciarlos no resuelve nada. Y maquillarlos, menos.