sábado, 31 de mayo de 2025

CENSURA

Justicia y censura en el siglo XXI


“La ciencia que se aparta de la justicia, más que ciencia debe llamarse astucia.” — Cicerón



La Censura Progresista: Astucia disfrazada de Justicia


La censura siempre ha sido una herramienta eficaz para ejercer control. A lo largo de la historia, regímenes autoritarios han suprimido ideas para proteger su poder. Hoy, esa misma lógica persiste con un rostro distinto: un discurso progresista que, en nombre de la justicia social, restringe la libertad de expresión y silencia a quienes investigan o cuestionan al poder.

Este fenómeno no tiene color ideológico único, pero cobra especial relevancia cuando quienes dicen defender la inclusión recurren a la censura para blindarse de la crítica.

En España, la gestión de Pedro Sánchez es un ejemplo claro. Cualquier intento de investigar a su entorno o cuestionar sus políticas se desactiva con etiquetas: “fake news”, “odio” o “machismo”. Las leyes sobre desinformación o privacidad, útiles en principio, se convierten en barreras para el periodismo incómodo.

El caso de Begoña Gómez es paradigmático. En lugar de abrir el debate, se desacredita a los críticos, y se alimenta un clima de autocensura. Así, investigar deja de ser un derecho y se convierte en riesgo.

La doble vara es evidente: escándalos de la derecha se amplifican; los de la izquierda se minimizan. El tratamiento mediático a los casos contra Unidas Podemos confirma ese sesgo.

Además, se reescribe el pasado bajo una mirada ideológica. Como advirtió Antonio Muñoz Molina, esa reinterpretación busca justicia, pero puede derivar en una versión única que sofoca el análisis plural.

La censura progresista fragmenta la sociedad. Disfrazada de defensa de derechos, silencia opiniones divergentes y polariza el debate público. El miedo a la cancelación desplaza a la reflexión.

Como advirtió Cicerón, apartar la justicia de la verdad es astucia política. Hoy, esa astucia se disfraza de progreso. El problema no es solo lo que se prohíbe, sino lo que ya ni se puede decir sin consecuencias.

Defender la libertad de expresión no es una consigna vacía. Es el único antídoto contra el autoritarismo que se presenta como tolerancia. Una democracia sólida necesita crítica, debate y voces libres, no silencio impuesto.

jueves, 29 de mayo de 2025

LA NOMENKLATURA

Representación de la nomenklatura soviética


"La muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es una estadística." — Stalin


Nomenklatura: La élite del poder en los regímenes comunistas


La nomenklatura fue la élite política, administrativa y económica de la Unión Soviética. Su nombre, derivado del latín nomenclatura (lista de nombres), hacía referencia a quienes ocupaban los cargos más altos y privilegiados dentro del aparato del Estado comunista.

En un sistema que proclamaba igualdad y abolición de clases, la nomenklatura se consolidó como una clase dominante. Su existencia evidencia cómo regímenes que prometen justicia social pueden generar nuevas formas de desigualdad y concentración de poder.



Características principales

  • Privilegios exclusivos

Contaban con viviendas lujosas, tiendas exclusivas, atención médica especial, educación para sus hijos, vehículos oficiales y viajes al extranjero, inaccesibles para el resto de la población.

  • Control del poder

La nomenklatura estaba integrada por altos funcionarios del partido, líderes militares, empresarios estatales y burócratas. Este grupo tomaba todas las decisiones clave y aseguraba la permanencia de sus miembros en posiciones de poder.

  • Sistema cerrado

No accedían por mérito ni elección democrática, sino por lealtad al partido y relaciones personales. Esto mantenía el poder dentro de un círculo cerrado.

  • Hipocresía ideológica

Mientras promovían austeridad para el pueblo, ellos vivían en la opulencia. Esa contradicción minó la credibilidad del discurso comunista entre la población.



Un modelo exportado y adaptado

El fenómeno no fue exclusivo de la URSS. China, Cuba, Corea del Norte y los países del Bloque del Este también desarrollaron sus propias nomenklaturas. En todos ellos, la élite comunista disfrutaba de privilegios mientras el pueblo soportaba penurias económicas y represión política.


Del socialismo al capitalismo: la mutación

Tras la caída del bloque soviético, muchos exmiembros de la nomenklatura se transformaron en oligarcas. Aprovecharon su posición durante la transición para enriquecerse a través de las privatizaciones. En Rusia, por ejemplo, antiguos burócratas comunistas se convirtieron en los dueños de las principales industrias nacionales.

Aunque la nomenklatura ya no existe formalmente, su legado persiste en formas de clientelismo, corrupción estructural y concentración de poder bajo discursos igualitarios.


Conclusión

La nomenklatura representa una de las mayores contradicciones del comunismo real: predicar igualdad mientras se practica el privilegio. Fue una élite de facto que surgió en nombre de la justicia social, y cuyo legado aún pesa en los modelos políticos que, aunque reformados, conservan sus prácticas de fondo.

lunes, 26 de mayo de 2025

BILDU Y OTEGUI

ETA y memoria política


El terror no solo hiere cuerpos, destruye también la esperanza en lo humano.




Hace unos días recibí un artículo publicado en Canarias que puede leerse íntegramente en este enlace: https://canariasenpositivo.com/quien-derroto-a-eta/

Título del artículo: ¿Quién derrotó a ETA?

Autor: Eligio Hernández Gutiérrez, ex Fiscal General del Estado.



Balance histórico de ETA

La historia de ETA está marcada por un legado de violencia que dejó profundas cicatrices en la sociedad española. Desde su primer asesinato en 1968, ETA cometió 853 asesinatos, perpetró más de 3.500 atentados y generó más de 7.000 víctimas. Entre ellas, 2.632 heridos, 86 secuestrados y decenas de miles amenazados o exiliados. Entre las víctimas se cuentan también 22 niños.

Uno de los atentados más brutales fue el de Hipercor en 1987, que dejó 21 muertos —incluidos cuatro menores— y 45 heridos. La mayoría de las víctimas fueron miembros de las fuerzas de seguridad: 236 guardias civiles, 149 policías nacionales y 86 militares. ETA también atentó contra políticos, principalmente del PP y del PSOE, asesinando a 32 representantes, entre ellos Fernando Buesa, Juan María Jáuregui y Ernest Lluch.


El papel de Arnaldo Otegi

Uno de los nombres más controvertidos ligados a este pasado es Arnaldo Otegi, condenado por secuestros en los años 70 y vinculado a BILDU, partido que hoy firma acuerdos con el Gobierno central. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a describirlo como un “hombre de paz”. Para muchas víctimas, sin embargo, su figura sigue siendo una herida abierta, a pesar de haber sido democráticamente elegido.


BILDU y la doble vara política

En contraste, VOX —un partido sin vínculos con la violencia ni el terrorismo— es a menudo calificado como amenaza por sectores progresistas. Mientras BILDU es aceptado con relativa normalidad, VOX es objeto de campañas de rechazo por sus ideas. Esta asimetría política plantea una pregunta legítima: ¿por qué el pasado violento se relativiza en unos casos y se exagera en otros?


Medios, opinión pública y percepción del riesgo

El papel de los medios es crucial. Algunos suavizan la trayectoria de ciertos partidos, mientras que demonizan a otros por su discurso o propuestas. Esto distorsiona la percepción de los votantes y polariza el debate, dejando de lado los programas reales de cada formación.


Reflexión final

En democracia, el juicio debe basarse en ideas, no en etiquetas. El verdadero valor del sistema reside en que todos puedan ser evaluados por lo que proponen, no por cómo los definen sus adversarios. VOX puede tener propuestas polémicas, pero eso no debería invalidar su legitimidad. Lo que sí debería preocuparnos es que haya quienes normalicen el terrorismo como pasado superado sin exigir responsabilidades ni memoria.

Publicado el 19 de diciembre de 2024

domingo, 25 de mayo de 2025

CON TAL QUE NO GOBIERNE LA DERECHA





La estupidez es valiente: nunca duda, nunca aprende.



El mandato emocional de Pedro Sánchez


Pedro Sánchez no es solo presidente del Gobierno. Es, para muchos de sus votantes, un escudo. Un mal necesario. El símbolo de un mandato político que no se sostiene tanto en la ideología como en el rechazo visceral al adversario. Su permanencia en el poder ya no depende de un proyecto socialista reconocible ni de un liderazgo regenerador, sino de una consigna que se ha convertido en mantra: cualquier cosa antes que la derecha.

Este fenómeno ha dado lugar a una paradoja inquietante. Aunque el propio Sánchez ha vulnerado principios clave del constitucionalismo, ha roto promesas de campaña, y ha cruzado líneas que antes habría denunciado, sigue siendo preferido por gran parte de la izquierda. No por lo que representa, sino por lo que impide.


Una izquierda que vota con la nariz tapada


El caso de la amnistía lo dejó claro: el Gobierno aprobó una medida que no figuraba en su programa, que había descartado públicamente, y que fue negociada con actores que no reconocen ni el marco legal ni la soberanía del Estado. Aun así, buena parte del electorado progresista cerró filas. No por convicción. Por miedo.

En este contexto, Sánchez no necesita justificar sus alianzas ni sus cesiones. Le basta con invocar el peligro de la “ultraderecha”, el fantasma del retroceso. Cada elección se convierte en un referéndum binario: o él, o el abismo. Esta lógica desactiva cualquier debate crítico. ¿Corrupción? ¿Instrumentalización de las instituciones? ¿Uso partidista del poder? Todo es tolerable si el resultado es evitar un gobierno del PP o de Vox.


Sánchez, el presidente que vació al PSOE


Lo más sorprendente es que este respaldo no se traslada a otras figuras del socialismo. El electorado que sigue votando al PSOE no votaría a otro líder con el mismo programa si no tuviera la capacidad de vencer al bloque de derechas. Sánchez ha personalizado la resistencia: él es el muro. No hay alternativa dentro del partido porque nadie más parece capaz de contener al “enemigo”.

En ese sentido, su liderazgo no es ideológico, es emocional. Se sostiene en una narrativa de confrontación que convierte cualquier crítica en sospecha de traición. Disentir es “hacerle el juego a la derecha”. Pedir coherencia es ser ingenuo. En este terreno, la política se transforma en tribalismo, y el pragmatismo de Sánchez se convierte en virtud heroica.


El precio del todo vale


Pero este modelo tiene consecuencias. La cultura política se degrada, la desafección crece, y el discurso público se envenena. No hay espacio para matices, ni margen para el pensamiento crítico. Lo único que importa es mantener al adversario fuera del poder, aunque eso implique renunciar a principios, normalizar la mentira o justificar lo injustificable.

Pedro Sánchez ha sabido aprovechar esta dinámica. No lidera un proyecto socialista, sino una coalición emocional contra la derecha. Su pragmatismo no es una herramienta de gobierno, es la única ideología que sobrevive en su entorno: una política sin proyecto, sin límites, y sin más horizonte que el poder mismo.



Reflexión final

Mientras siga funcionando el “con tal que no gobierne la derecha”, Sánchez seguirá siendo imprescindible para muchos. Aunque desgaste al PSOE. Aunque erosione la confianza institucional. Aunque convierta la política en un juego de equilibrios inestables. Porque el miedo, cuando se convierte en motor político, permite justificarlo todo.


La pregunta es: ¿hasta cuándo?





viernes, 23 de mayo de 2025

MEJOR NOS GOBIERNE LA DERECHA. ROBA MENOS

Corrupción política en España

El precio de desentenderse de la política es que acabarás siendo gobernado por los peores.

— Platón

La Derecha

Escuché esta frase muchas veces durante mi estancia en Perú. Reflejaba una percepción común: que la derecha, aunque también corrupta, lo es menos que la izquierda. Puede que tenga algo de cierto. Casos como Brugal y Naseiro me mostraron de cerca cómo opera la corrupción en la derecha. Pero decir que roban menos no es consuelo. La corrupción, venga de donde venga, es un delito y una inmoralidad.

En la derecha abundan los políticos con profesiones previas bien remuneradas: empresarios, altos funcionarios o técnicos cualificados. Leopoldo Calvo Sotelo fue ingeniero y presidente de una gran empresa; José María Aznar, inspector de Finanzas; Mariano Rajoy, notario. Sus trayectorias contrastan con la de muchos dirigentes socialistas. No siempre, pero sí con frecuencia.

La corrupción toma muchas formas: cohecho, malversación, tráfico de influencias, nepotismo. En gobiernos de derecha, suele estar ligada a beneficios para grupos económicos cercanos al poder: privatizaciones, contratos públicos o regulaciones hechas a medida. En España, los escándalos de los gobiernos del Partido Popular —casos Gürtel, Bárcenas, Brugal— provocaron una pérdida masiva de apoyo electoral y alimentaron el auge de movimientos populistas como Podemos, Sumar o Vox.

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, llevó una contabilidad paralela alimentada por donaciones ilegales de empresarios a cambio de contratos. Francisco Correa, cerebro del caso Gürtel, tejió una red de sobornos para conseguir adjudicaciones públicas. Estos casos no solo revelan corrupción, sino una erosión de la confianza pública en la democracia.


La izquierda y ultraizquierda

Pero la izquierda no queda exenta. El caso de los ERE en Andalucía implicó a altos cargos del PSOE en el desvío sistemático de fondos públicos. Más reciente es el escándalo de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del PSOE, vinculado a contratos opacos de mascarillas durante la pandemia, gestionados por su asesor más cercano.

También generan polémica los vínculos personales en el entorno del presidente del Gobierno. Su esposa, con solo el título de bachiller, dirige una cátedra universitaria en una de las instituciones más prestigiosas del país. Su hermano obtuvo una plaza hecha a medida en la orquesta de la Diputación de Badajoz. Todo esto alimenta la percepción de favoritismo, nepotismo y redes de privilegio.

Y desde la órbita de la ultraizquierda o izquierda alternativa, dirigentes como Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, antes referentes de Sumar, se han visto envueltos en acusaciones por acoso sexual y delitos contra la libertad individual. Aunque algunos casos siguen en proceso, el daño a la credibilidad es evidente.

La corrupción es sistémica. No distingue entre derecha e izquierda. A veces se disfraza de eficiencia, otras de justicia social. Pero su origen es el mismo: abuso de poder, redes clientelares y falta de control institucional. Pensar que una ideología tiene la solución es ingenuo.

Frente a esto, algunos sectores de la izquierda proponen medidas drásticas: cordones sanitarios para impedir que la derecha gobierne, campañas mediáticas para “reeducar” a sus votantes o reducir fondos a gobiernos regionales liderados por la oposición. Son propuestas que, aunque disfrazadas de defensa democrática, rozan el autoritarismo.

Impedir el acceso al poder por medios no electorales debilita la democracia. Reeducar al votante es éticamente cuestionable y probablemente ineficaz. Castigar a comunidades por su voto destruye la igualdad territorial y aumenta la polarización. El riesgo es claro: un sistema que excluye acaba generando mártires, no soluciones.

En lugar de excluir al adversario, hay que reforzar la democracia: transparencia real, rendición de cuentas, justicia independiente, prensa libre. Solo así se combate la corrupción sin caer en nuevas formas de abuso. No se trata de quién roba más o menos. Se trata de evitar que roben, gobierne quien gobierne.

Publicado el 19 de diciembre de 2024

domingo, 18 de mayo de 2025

JUEZ MARCHENA. ANÁLISIS ACERTADO

 


Marchena y La justicia AMENAZADA: una advertencia con toga y cadenas

Publicado hoy, 16 de mayo, en El País, este artículo recoge y analiza el contenido del nuevo libro del magistrado Manuel Marchena, una obra que considero no solo oportuna, sino completamente acertada en su diagnóstico del momento institucional que vivimos.

Manuel Marchena no se lanza a la arena política, pero deja marcas visibles en la arena judicial. Su nuevo libro, La justicia AMENAZADA, más que una obra, es un gesto. Una advertencia envuelta en el lenguaje técnico de quien conoce el sistema por dentro y por arriba.

La imagen de portada lo dice todo: togas negras atadas con cadenas. No hay neutralidad estética ni casualidad editorial. Marchena lanza un mensaje claro desde el primer golpe de vista. La justicia está bajo presión, y aunque no lo diga con nombres propios, el aroma de la crítica se cuela por todas las páginas.

Una crítica sin destinatario… pero con dirección

Marchena evita la mención directa a medidas concretas como la amnistía a los líderes del procés, pero no por prudencia ideológica, sino por estrategia procesal. Sabe que cualquier desliz podría costarle la recusación en casos sensibles. Por eso desliza frases como dardos indirectos: “el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos”.

Su análisis va más allá de lo coyuntural. Alude a fenómenos estructurales: leyes con nombre y apellidos, control del Ministerio Fiscal, y una creciente instrumentalización de la norma. Señala sin señalar. Describe sin acusar. Pero todos entendemos a quién mira.

Marchena como símbolo de resistencia institucional

Este libro no es solo una reflexión teórica. Es un movimiento dentro de la judicatura. Viene firmado por el juez que presidió el juicio del procés, quien con su serenidad, control del relato y autoridad jurídica se convirtió en un referente de moderación y firmeza.

Al final de su carrera, Marchena no se calla. No rompe la neutralidad, pero la tensiona. No insulta, pero incomoda. Se planta. Su análisis técnico se convierte en una crítica política por acumulación. Cada párrafo empuja la idea de que algo está mal en el equilibrio de poderes, y que la toga, símbolo de justicia, está siendo apretada por cadenas cada vez más visibles.

Una intervención con calendario político

El libro aparece en un contexto de enfrentamiento institucional. Justo cuando el Gobierno impulsa la ley de amnistía, y mientras desde el entorno conservador se redoblan las llamadas a la movilización institucional. No es coincidencia. Aunque Marchena no marche con pancarta, su pluma se ha unido al ruido. Con forma de ensayo, pero con la fuerza de un editorial.

Su intervención no es un ataque, sino una alerta. Una forma de decir: “yo no acuso, pero observo”. Y lo que ve no le gusta. Ni a él, ni a quienes dentro del sistema judicial comparten su inquietud.

Y, en mi opinión, su análisis es totalmente correcto. Porque si algo debería preocuparnos en democracia es que el poder político busque atajos para esquivar los contrapesos que lo limitan. Marchena lo advierte, y conviene escucharle.

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sábado, 17 de mayo de 2025

CORRUPCIÓN EN ESPAÑA



Si existe una rendija por donde colarse, la corrupción no solo entrará, se instalará con despacho propio.


Análisis del informe de Transparencia Internacional 2024

Según el informe publicado por Transparencia Internacional, en 2024 España ha alcanzado su peor puntuación histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), obteniendo 60 puntos sobre 100, lo que la sitúa en el puesto 38 del ranking global.

Lo más sorprendente es la falta de cobertura mediática que ha tenido este informe. En otro momento, este dato hubiera ocupado las portadas de los principales periódicos nacionales. Sin embargo, ahora parece no interesar demasiado, a pesar de que evidencia una degradación democrática profunda.

La corrupción en España ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en una forma estructural de gobernar. Casos como el del Tito Berni, el escándalo de Begoña Gómez, el uso partidista del CIS por parte de Tezanos, el caso Koldo, los contratos inflados en pandemia, o el caso Ábalos, muestran un patrón reiterado de impunidad y descontrol institucional.

La coalición gobernante ha interiorizado la corrupción como un coste asumible del poder. Lo preocupante no es solo la comisión de irregularidades, sino la reacción institucional: el bloqueo de investigaciones, el uso del aparato del Estado para proteger a los implicados y el linchamiento mediático a los denunciantes.

El pacto con partidos como Junts o ERC, que han tenido miembros condenados por corrupción, tampoco ayuda a mejorar la imagen del país en este sentido. Más bien al contrario: proyecta una sensación de que todo vale con tal de mantenerse en el poder.

El caso de Ábalos es paradigmático. Un exministro relacionado con tramas oscuras y, sin embargo, arropado por sectores del propio partido. La reacción del Gobierno ha sido lenta, calculada y, sobre todo, protectora. No se trata de depurar responsabilidades, sino de gestionar daños de imagen.

España no solo pierde posiciones en los índices internacionales, sino que está perdiendo algo más importante: la confianza ciudadana en que el sistema puede regenerarse.

Consulta el informe completo en Transparencia Internacional.

PSICOPATA O FASCINANTE